lunes, 13 de octubre de 2008

87 PREGUNTAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL TIPO I ECAES SOBRE CONTRATACIÓN CON RECURSOS PÚBLICOS

87 PREGUNTAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL TIPO I ECAES SOBRE CONTRATACIÓN CON RECURSOS PÚBLICOS, CONSIDERANDO EL CONTENIDO DE LOS FALLOS DE EXEQUIBILIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA PUBLICADOS HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

Víctor Javier Meléndez Guevara
Especialista en Derecho Público Universidad Externado de Colombia -Unicauca;
Docente Investigador - Integrante del Grupo de Investigación
“Estado y Sociedad” de la Universidad Cooperativa de Colombia - Popayán;
Becario del Curso “Estado de Derecho y Derechos Humanos”
de la Universidad de Alcalá de Henares – España (2007)
Profesor de la Materia.

Encontrará a continuación 87 preguntas de Selección Múltiple con Única Respuesta –Tipo I ECAES. Es el tipo de pregunta más conocido y usado en las pruebas objetivas. Está conformada por un enunciado y cuatro (4) opciones de respuesta. Las opciones de respuesta aparecen identificadas con las letras: a, b, c, y d.
Una sola de las opciones completa o responde correctamente el enunciado.
Las respuestas se debatirán en las actividades presenciales.


1. La LEY 1150, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, fue expedida:
a. En el año 1994.
b. En el año 2000.
c. En el año 2003.
d. En el año 2007.
2. La LEY 1150, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, contiene además:
a. Disposiciones especiales sobre contratación con recursos particulares.
b. Otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
c. Otras disposiciones sobre contratación con recursos públicos.
d. Ninguna de las anteriores.
3. El Objeto de la Ley 1150 sobre contratación con recursos públicos tiene por objeto:
a. Regular íntegramente la materia de contratación estatal en Colombia.
b. Sustituir totalmente el llamado Estatuto de Contratación Estatal.
c. Introducir modificaciones en la Ley 80 de 1993, así como dictar otras disposiciones generales aplicables a toda contratación con recursos públicos.
d. Ninguna de las anteriores.
4. Son las modalidades de Selección del Contratista en la Ley 1050 de 2007:
a. Licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa.
b. Licitación Pública y Contratación Directa.
c. Concurso de meritos y Licitación Pública.
d. Ninguna de las anteriores.
5. La Regla General para la escogencia del Contratista, según la Ley 1050 de 2007, es:
a. La libre iniciativa de la Administración.
b. La Licitación pública.
c. La Licitación Pública, con las excepciones previstas en la Ley.
d. Ninguna de las anteriores.
6. El concepto de subasta inversa es:
a. Modalidad de presentación de ofertas, con sucesivos aumentos en el valor de la misma.
b. Modalidad de presentación de ofertas, con sucesivas disminuciones en el valor de la misma.
c. Modalidad de presentación de ofertas, en un tiempo determinado, con sucesivos aumentos en el valor de la misma.
d. Modalidad de presentación de ofertas, en un tiempo determinado, con sucesivas disminuciones en el valor de la misma.
7. De acuerdo con la Ley 1150, la oferta en un proceso de licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento:
a. En todos los casos.
b. Dependiendo del presupuesto de la Entidad contratante.
c. Cuando la entidad estatal así lo determine.
d. Nunca.
8. La Selección abreviada, como modalidad de selección objetiva esta prevista en la Ley 1150:
a. Para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.
b. Para evadir la Licitación Pública.
c. Para tener en cuentas casos que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, reclamen procesos simplificados.
d. A y C se complementan para completar o responder correctamente el enunciado.
9. Son causales de selección abreviada las siguientes:
a. La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.
b. La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales.
c. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y en la Ley 1122 de 2007, la celebración de contratos para la prestación de servicios de salud.
d. Todas las anteriores.
10. El Concurso de méritos corresponde a la modalidad prevista para:
a. La selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación.
b. La selección que tiene en cuenta de manera especial el precio de oferta.
c. La provisión de cargos públicos por meritos.
d. Ninguna de las anteriores.
11. La conformación de la lista de precalificados en un Concurso de Meritos se hará:
a. En Word, Times Roman 12P.
b. Mediante convocatoria pública.
c. Utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso.
d. B y C se complementan para completar o responder correctamente el enunciado.
12. La posibilidad de presentarse en forma anónima ante un jurado plural, imparcial, deliberante y calificado, puede ser establecida en el reglamento de:
a. Un festival de Teatro.
b. Una Licitación Pública.
c. Un Concurso de Meritos.
d. Un Concurso de Méritos si se trata de seleccionar una propuesta técnica o de proyectos.
13. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá:
a. En casos de urgencia manifiesta.
b. Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales.
c. El arrendamiento o adquisición de inmuebles.
d. Todas las anteriores.
14. La transparencia de la Entidad contratante se expresará en:
a. Anunciar y justificar previamente la modalidad de selección.
b. La publicidad de todos los procedimientos y actos.
c. A y B se complementan para completar o responder correctamente el enunciado.
d. Ninguna de las anteriores.
15. Sin excepción, las ofertas presentadas dentro de cada uno de los procesos de selección:
a. Deberán ser evaluadas de manera objetiva, aplicando en forma exclusiva las reglas contenidas en los pliegos de condiciones o sus equivalentes.
b. Deberán ser revisadas haciendo uso principalmente de lo previsto en los pliegos de condiciones.
c. Deberán ser consideradas de acuerdo con el juicio propio del funcionario con mayor jerarquía en la Entidad Contratante.
d. Ninguna de las anteriores.
16. Estandarizar las condiciones generales de los pliegos de condiciones y los contratos de las entidades estatales, cuando se trate de la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, es una:
a. Obligación del Gobierno Nacional.
b. Facultad del Gobierno Nacional.
c. Necesidad del Gobierno Nacional
d. Ninguna de las anteriores.
17. Las entidades estatales no podrán exigir el pago de valor alguno por el derecho a participar en un proceso de selección, razón por la cual:
a. Todos los gastos estarán a cargo de la Entidad contratante.
b. No podrán ser objeto de cobro los pliegos de condiciones correspondientes.
c. La Entidad pagará al oferente por su participación.
d. Ninguna de las anteriores.
18. Los acuerdos marco de precios a los que hace alusión la Ley 1050 de 2007, permitirán:
a. Fijar las condiciones de oferta para la adquisición o suministro de bienes y servicios.
b. Fijar las condiciones de oferta para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización a las entidades estatales.
c. Establecer un período de tiempo determinado, forma, plazo y condiciones de entrega, calidad y garantía.
d. B y C se complementan para completar o responder correctamente el enunciado.
19. El diseño, organización y celebración de los acuerdos marco de precios estará a cargo de:
a. Todas las entidades del Estado.
b. La entidad o entidades que el Gobierno Nacional señale.
c. De los proveedores.
d. Ninguna de las anteriores.
20. Establecer las condiciones bajo las cuales el uso de acuerdos marco de precios se hará obligatorio para las entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el Orden Nacional, sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, es una función de:
a. El Congreso.
b. La Procuraduría.
c. El Reglamento.
d. Todas las anteriores.
21. Podrán adherirse a los acuerdo marco de precios o diseñar acuerdos propios:
a. Los Organismos Autónomos.
b. Las Ramas Legislativa y Judicial.
c. Las Entidades Territoriales.
d. Todas las anteriores.
22. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con las obligaciones de publicidad del proceso contractual electrónico, serán señalados por:
a. El Constituyente Primario.
b. El Congreso en Pleno.
c. El Gobierno Nacional.
d. Ninguna de las anteriores.
23. El Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop:
a. Dispondrá de las funcionalidades tecnológicas para realizar procesos de contratación electrónicos bajo los métodos de selección señalados en el artículo 2° de la ley 1150, según lo defina el reglamento.
b. Contará con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos, para lo cual establecerá los patrones a que haya lugar y se encargará de su difusión a través de canales electrónicos.
c. Integrará el Registro Único Empresarial de las Cámaras de Comercio, el Diario Único de Contratación Estatal y los demás sistemas que involucren la gestión contractual pública.
d. Todas las anteriores.
24. En las licitaciones públicas, el momento para establecer la distribución definitiva de los riesgos en la contratación, se señala:
a. En los pliegos de condiciones de las entidades estatales.
b. En el momento de la presentación de las ofertas.
c. A y B son correctas.
d. Ninguna de las anteriores.
25. No hay selección objetiva cuando:
a. El ofrecimiento escogido no es el más favorable a la entidad y a los fines que ella busca.
b. Influyen factores de afecto o de interés.
c. Cuando se recurre a cualquier clase de motivación subjetiva.
d. Todas las anteriores.
26. Son criterios de selección objetiva:
a. La capacidad jurídica del proponente.
b. Las condiciones de experiencia.
c. La capacidad financiera y de organización de los proponentes.
d. Todas las anteriores.
27. En contratación pública la oferta más favorable será aquella que:
a. Tenga en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia.
b. Exprese la ponderación precisa y detallada de los factores técnicos y económicos de escogencia.
c. De acuerdo con los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.
d. Todas las anteriores.
28. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido:
a. Será el escogido.
b. Definirá la selección.
c. No será objeto de evaluación.
d. Todas las anteriores.
29. La entidad contratante efectuará las comparaciones de las ofertas:
a. Mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos.
b. A través de la consulta de precios o condiciones del mercado.
c. Siguiendo los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.
d. Todas las anteriores.
30. En los pliegos de condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y común utilización, las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación:
a. La calidad del producto.
b. La cantidad del producto.
c. El precio ofrecido.
d. El menor precio ofrecido.
31. En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación destinados a:
a. Valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto.
b. Utilizar criterios de experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate.
c. Además de las anteriores, en ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de consultores.
d. Incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de consultores.
32. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas:
a. Servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos.
b. No servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos.
c. Podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación.
d. B y C se complementan para completar o responder correctamente el enunciado.
33. En aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta, la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas:
a. Servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos.
b. Deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización.
c. Se pueden omitir sin perjuicio alguno para el proponente.
d. Ninguna de las anteriores.
34. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad:
a. Serán objeto de especial consideración.
b. No serán objeto de calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o concursos.
c. Son documento habilitante para participar en licitaciones o concursos.
d. Ninguna de las anteriores.
35. Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales:
a. Están cordialmente invitadas.
b. Se inscribirán en el Registro único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal.
c. Por mandato de la Corte Constitucional no necesitan inscripción.
d. Ninguna de las anteriores.
36. No se requerirá Registro único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal, ni de calificación ni de clasificación, en los casos de:
a. Contratación directa.
b. Contratos para la prestación de servicios de salud.
c. Contratos cuyo valor no supere el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la respectiva entidad.
d. Todas las anteriores.
37. Se requerirá Registro único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal, ni de calificación ni de clasificación, en los casos de:
a. Enajenación de bienes del Estado.
b. Contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de productos legalmente constituidas.
c. Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta y los contratos de concesión de cualquier índole.
d. Ninguna de las anteriores.
38. Corresponderá a los proponentes calificarse y clasificarse en el registro:
a. De conformidad con sus intereses.
b. De conformidad con los documentos aportados al registro.
c. Y las cámaras de comercio harán la verificación documental de la información presentada por los interesados al momento de inscribirse en el registro.
d. B y C se complementan para completar o responder correctamente el enunciado.
39. Cuando la información presentada ante la Cámara de Comercio para el Registro no sea suficiente, sea inconsistente o no contenga la totalidad de los elementos señalados en el reglamento para su existencia y validez:
a. La Cámara realizará la inscripción y solicitará los documentos que hagan falta.
b. La Cámara realizará la inscripción sin exigir ninguna complementación o aclaración.
c. La Cámara realizará la inscripción y compulsará copias a la Fiscalía General de la Nación.
d. La Cámara se abstendrá de realizar la inscripción, renovación o modificación que corresponda, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.
40. Las entidades estatales enviarán a la Cámara de Comercio de su domicilio, la información concerniente a los contratos, su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los ejecutados:
a. Diariamente.
b. Semanalmente.
c. Mensualmente.
d. Anualmente.
41. Contra el acto de inscripción publicado por la Cámara de Comercio, cual cualquier persona podrá interponer durante los treinta (30) días siguientes a la publicación, sin que para ello requiera demostrar interés alguno:
a. Recurso de reposición y en subsidio de apelación ante la respectiva Cámara de Comercio.
b. Recurso de reposición prestando caución bancaria o de compañía de seguros para garantizar los perjuicios que se puedan causar al inscrito.
c. Recurso de Apelación.
d. Ninguna de las anteriores.
42. En firme la calificación y clasificación del inscrito, cualquier persona podrá:
a. Demandar el acto de inscripción en Acción de Nulidad y Restablecimiento.
b. Demandar el Acto de inscripción en Acción de Nulidad.
c. Demandar el Acto de inscripción en Acción de Controversias Contractuales.
d. Ninguna de las anteriores.
43. La presentación de la demanda contra una inscripción tendrá como efecto inmediato:
a. Suspender la calificación y clasificación del inscrito.
b. La suspensión de los procesos de selección en curso en los que el proponente sea parte.
c. Que se inicie el procedimiento ordinario a que se refiere el Código Contencioso Administrativo y adoptada la decisión, la misma solo tendrá efectos hacia el futuro.
d. Ninguna de las anteriores.
44. En el evento en que la Cámara de Comercio establezca la existencia de graves inconsistencias que hayan alterado en su favor la calificación y clasificación del inscrito:
a. Se le cancelará la inscripción en el registro con carácter transitorio y con inhabilidad para contratar con las entidades estatales por el término de cinco (5) años, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.
b. Se cancelará la inscripción y en caso de reincidencia la inhabilidad será permanente.
c. A y B son correctas.
d. Ninguna de las anteriores.
45. Para poder participar en los procesos de selección de los contratos de obra y demás que señale el reglamento, la capacidad residual del proponente o K de contratación deberá ser:
a. La que la entidad haya establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.
b. Igual o superior al que la entidad haya establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.
c. La que ofrezca el interesado en contratar.
d. Ninguna de las anteriores.
46. Los contratistas prestarán:
a. Garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.
b. Garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos.
c. A y B son correctas.
d. Ninguna de las Anteriores.
47. Las garantías consistirán en:
a. Pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia.
b. Garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto.
c. A y B se complementan para completar o responder correctamente el enunciado.
d. Ninguna de las anteriores.
48. El acaecimiento del siniestro que amparan las garantías deberá ser comunicado por la entidad pública:
a. A los medios de comunicación.
b. Únicamente al contratista.
c. Al respectivo asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así lo declare.
d. Ninguna de las anteriores.
49. Las garantías no serán obligatorias en:
a. Los contratos de empréstito.
b. Los interadministrativos.
c. En los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley.
d. Todas las anteriores.
50. La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes:
a. No genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección.
b. Genera la obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección.
c. Genera la obligación de publicar los estudios y documentos previos que sirvieron de base para su elaboración.
d. A y C se complementan para completar o responder correctamente el enunciado.
51. En general en los procesos de licitación pública, la adjudicación se hará de forma obligatoria:
a. En audiencia pública, mediante resolución motivada.
b. En privado, mediante resolución motivada.
c. En la forma que estime pertinente la entidad contratante.
d. Ninguna de las anteriores.
52. En aquellos casos en que la entidad declare la caducidad del contrato y se encuentre pendiente de ejecución un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del mismo, con excepción de los contratos de concesión:
a. Se hará un nuevo proceso de contratación.
b. Se podrá contratar al proponente calificado en el segundo lugar en el proceso de selección respectivo, previa revisión de las condiciones a que haya lugar.
c. Se hará entrega a la Comunidad de los recursos para que continúen la ejecución en ejercicio del derecho a la participación ciudadana.
d. Ninguna de las anteriores.
53. Las cooperativas, las asociaciones conformadas por entidades territoriales y en general los entes solidarios de carácter público:
a. No estarán sometidos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
b. Estarán sometidos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
c. Se someterán a los procesos de selección de que trata la ley 1150, en los que participarán en igualdad de condiciones con los particulares.
d. B y C se complementan para completar o responder correctamente el enunciado.
54. La liquidación de los contratos se hará:
a. De mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes.
b. Dentro del que acuerden las partes para el efecto.
c. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
d. Todas las anteriores.
55. La facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. se ejercerá:
a. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad.
b. Cuando las partes no lleguen a un acuerdo sobre el contenido de la liquidación.
c. A y B son correctas.
d. Ninguna de las anteriores.
56. Cuando el contratista acepta parcialmente la liquidación del contrato y presenta salvedades a otras partes de la liquidación:
a. No procede la liquidación unilateral.
b. Procede la liquidación unilateral en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.
c. Los contratistas no tienen derecho a hacer salvedades a un Acto de la Administración.
d. Ninguna de las anteriores.
57. La provisión de obras, bienes, servicios y mano de obra locales o departamentales, siempre que se garanticen las condiciones de calidad y cumplimiento del objeto contractual:
a. Dependerá siempre de la buena voluntad del contratista.
b. Es voluntaria, “cada torero lidia el toro con su cuadrilla”.
c. Puede ser dispuesta en los pliegos de condiciones las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
d. Ninguna de las anteriores.
58. Las Mipymes, y los grupos marginados o discriminados que se asocien bajo esta modalidad, podrán ser beneficiados de convocatorias limitadas a las Mipymes departamentales, locales o regionales cuyo domicilio principal corresponda al lugar de ejecución de los contratos:
a. En desarrollo de los procesos de selección cuyo valor se encuentre por debajo de 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de que el Gobierno Nacional pueda establecer cuantías diferentes para entidades en razón al tamaño de su presupuesto.
b. Siempre que se garantice la satisfacción de las condiciones técnicas y económicas requeridas en la contratación y que previo a la apertura del proceso respectivo se haya manifestado el interés del número plural de Mipymes que haya sido determinado en el reglamento por el Gobierno Nacional.
c. Y, en todo caso la selección se hará de acuerdo con las modalidades de selección a que se refiere la Ley 1150.
d. Todas las anteriores.
59. Para que las Mipymes departamentales, locales o regionales puedan participar en las convocatorias limitadas a ellas, deberán acreditar como mínimo:
a. Un (1) año de existencia.
b. Un (1) mes de existencia.
c. Un (1) cuatrimestre de existencia.
d. Ninguna de las anteriores.
60. Las Mipymes en la contratación con recursos públicos se beneficiarán también por:
a. La inclusión en los pliegos de condiciones, de la subcontratación preferente de las Mipymes en la ejecución de los contratos, cuando a ello hubiere lugar.
b. El establecimiento de líneas de crédito blando para la generación de capacidad financiera y de organización de los proponentes asociados en Mipymes.
c. A y B se complementan para completar o responder correctamente el enunciado.
d. Ninguna de las anteriores.
61. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública:
a. Aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal.
b. Estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.
c. A y B son correctas.
d. Ninguna de las anteriores.
62. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%) con excepción de aquellas que se encuentren en competencia con el sector privado nacional o internacional o desarrollen su actividad en mercados monopolísticos o mercados regulados:
a. No estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
b. Estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
c. Se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales.
d. Ninguna de las anteriores.
63. Los Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal:
a. Estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación
b. Se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades.
c. Se regirán por el derecho financiero interplanetario.
d. Ninguna de las anteriores.
64. Los contratos que celebren Satena, Indumil, El Hotel Tequendama, la Corporación de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la industria naval, marítima y fluvial –Cotecmar– y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana –CIAC–
a. Estarán sujetos al Estatuto General de Contratación.
b. No estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
c. Se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su actividad.
d. B y C de complementan para responder correctamente al enunciado.
65. El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales, en desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública:
a. Tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas, con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones.
b. Declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.
c. A y B sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista.
d. Ninguna de las anteriores.
66. La cláusula penal y las multas impuestas por la Administración:
a. Se harán efectivas directamente por las entidades estatales.
b. Se harán efectivas a través de los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista.
c. Se harán efectivas mediante el cobro de la garantía o cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva.
d. Todas las anteriores.
67. Son también inhábiles para contratar:
a. Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno transnacional, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
b. Las sociedades en que sean socias las personas determinadas en el literal anterior, sin ninguna excepción.
c. Las sociedades en que sean socias las personas determinadas en el literal anterior, con excepción de las sociedades anónimas abiertas.
d. A y C se complementan.
68. Por prescripción de la Ley 1150, en las causales de inhabilidad por parentesco o por matrimonio, los vínculos desaparecen:
a. Por muerte.
b. Por disolución del matrimonio.
c. A o B.
d. Ninguna de las anteriores.
69. El turno para los pagos a los contratistas se podrá modificar:
a. Sólo por razones de interés público y sin necesidad de constancia alguna.
b. Sólo por razones de interés público, mediante actuación del jefe de la entidad y dejando constancia de tal actuación.
c. De acuerdo con el grado de satisfacción de la Administración con la prestación ejecutada.
d. Ninguna de las anteriores.
70. Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales:
a. Podrán someterse a los reglamentos de tales entidades.
b. Si no se someten a los reglamentos de la entidad cooperante se someterán a los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993.
c. Los recursos de contrapartida vinculados a estas operaciones podrán tener el mismo tratamiento.
d. Todas las anteriores.
71. Los contratos o convenios celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de derecho internacional podrán someterse a los reglamentos de tales entidades si:
a. Su objeto es el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud.
b. Su objeto es el sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos.
c. Su objeto es el desarrollo de programas de apoyo educativo a población desplazada y vulnerable adelantados por la Unesco y la OIM.
d. Todas las anteriores.
72. Las entidades estatales podrán celebrar contratos o convenios para la administración o gerencia de sus recursos propios o de aquellos que les asignen los presupuestos públicos, con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional.
a. Siempre.
b. Dado el Caso.
c. Si.
d. No.
73. Los contratos o acuerdos celebrados con personas extranjeras de derecho público, podrán someterse a las reglas de tales organismos.
a. Si.
b. No.
c. Nunca.
d. Ninguna de las anteriores.
74. La información sobre los contratos o acuerdos celebrados con personas extranjeras de derecho público:
a. Es de carácter reservado.
b. Debe ser reportada a los organismos de control y al Secop.
c. No es de interés público.
d. Ninguna de las anteriores.
75. En todo Proyecto de cooperación que involucre recursos estatales se deberán cuantificar en moneda nacional:
a. Los aportes en especie de la entidad, organización o persona cooperante.
b. Los aportes en especie del ente nacional colombiano.
c. Y Las contralorías ejercerán el control fiscal sobre los proyectos y contratos celebrados con organismos multilaterales.
d. Todas las anteriores.
76. Los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual
a. En todo caso.
b. Cuando no hayan incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de dichas funciones.
c. Cuando hayan incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de dichas funciones.
d. Todas las anteriores.
77. Contra las actividades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa, entendida como la distribución adecuada del trabajo que realiza el jefe o representante legal de la entidad, sin que ello implique autonomía administrativa en su ejercicio:
a. Proceden los recursos de reposición, apelación y queja.
b. Solamente el recurso de apelación para ante el superior que distribuyó el trabajo.
c. No procede ningún recurso.
d. Ninguna de las anteriores.
78. Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación, éste deberá:
a. Interponerse por escrito presentado ante el Tribunal de Arbitramento dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente.
b. Surtirse ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
c. Fundarse en las causales de anulación previstas en el artículo 38 del Decreto 2279 de 1989 o las normas que lo modifiquen, deroguen o sustituyan”.
d. Todas las anteriores.
79. Salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto, para la ejecución se requerirá:
a. Orden de autoridad judicial competente.
b. Aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes.
c. Acreditar el contratista que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
d. B y C se complementan para completar correctamente el enunciado.
80. La contratación de las Corporaciones Autónomas Regionales incluida la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena:
a. Continuará sometida a un régimen especial.
b. Se someterá al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
c. Por el rango constitucional de ésta última, está al margen de las normas contenidas en la Ley 80 de 1993.
d. Será objeto de una legislación particular, de más ambiente.
81. Los excedentes de tesorería de las entidades estatales, se podrán invertir:
a. Directamente en fondos comunes ordinarios administrados por sociedades fiduciarias, sin necesidad de acudir a un proceso de licitación pública.
b. Con rigurosa observancia del procedimiento de licitación o concurso previsto en esta ley.
c. Directamente como se hace la selección de las sociedades fiduciarias a contratar, sean públicas o privadas.
d. En una consignación a nombre del Ministerio de Hacienda como sanción por no elaborar bien el presupuesto.
82. El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade se regirá por las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contenido en:
a. La Ley 1150.
b. La Ley 80 de 1993.
c. La Ley 80 de 1993 y en las demás normas que lo modifiquen, deroguen o adicionen.
d. Ninguna de las anteriores.
83. El término de duración de las concesiones actuales y futuras para la prestación de los servicios y actividades de telecomunicaciones, incluidas las de televisión, será:
a. De Diez meses prorrogables en forma automática y gratuita.
b. De Diez (10) años prorrogables por lapsos iguales y en ningún caso habrá prórrogas automáticas ni gratuitas.
c. El que viene estipulado en la respectiva concesión o el que se llegare a pactar en aplicación de la autonomía contractual.
d. Ninguna de las anteriores.
84. En los contratos de concesión de obra pública, podrá haber prórroga o adición hasta por:
a. El sesenta por ciento (60%) del plazo estimado.
b. El cincuenta por ciento (50%) del plazo estimado.
c. El treinta por ciento (30%) del plazo pactado.
d. El veinte por ciento (20%) del plazo convenido.
85. En forma independientemente del monto de la inversión, siempre que se trate de obras adicionales directamente relacionadas con el objeto concesionado o de la recuperación de la inversión debidamente soportada en estudios técnicos y económicos:
a. Podrá haber prórroga o adición del plazo estimado.
b. Podrá haber prórroga o adición del monto de la obra.
c. Podrá haber prórroga o adición del objeto del contrato.
d. Podrá haber prórroga o adición de los estudios financieros.
86. Toda prórroga o adición a contratos de concesión de obra pública nacional requerirá:
a. Si se trata de concesiones viales, referirse al mismo corredor vial.
b. Concepto previo favorable del Consejo de Estado y será automática.
c. Que se haya determinado su necesidad por el Presidente de la República en un Consejo Comunitario.
d. Ninguna de las anteriores.
87. La compilación de las normas de la Ley 80 de 1993 y las de la Ley 1150, sin cambiar su redacción ni contenido, pudiendo ordenar su numeración, es una autorización conferida por el legislador al Gobierno Nacional, éste compilación será:
a. Una nueva Ley.
b. Una norma compuesta.
c. El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
d. Nada. La compilación de las leyes es una atribución del Congreso de la República que es indelegable.