Sobre el
artículo “Un tiro en el pie para Colombia” publicado en El Espectador por un ex
asesor del expresidente Santos.
Por: Víctor Javier Meléndez Guevara
En
su columna del 24 de enero de 2019, Alejandro Reyes Posada, (Ver: https://www.elespectador.com/opinion/un-tiro-en-el-pie-para-colombia-columna-835875)
afirma que la petición a Noruega y a Cuba, por parte de Colombia, en nombre de
la lucha global contra el terrorismo, está destruyendo la confianza mínima que
haría posible reanudar el proceso de paz, cuando existan las condiciones para
hacerlo en el futuro, cerrando la salida civilizada del conflicto armado y dejando
al país con la ruta del exterminio como única opción.
Sin
embargo, de manera contradictoria, el columnista invoca, en favor del respeto
al protocolo de retorno de los negociadores, esos tres argumentos, los cuales, apoyan
de mejor manera la petición que el Gobierno nacional le hace a los países
garantes del proceso.
En
efecto, la lucha global contra el terrorismo es un compromiso de la sociedad
internacional para enfrentar, precisamente, las rutas del exterminio y de la
barbarie de los actos perpetrados para causar terror y conseguir con violencia
lo que no se ha logrado conquistar a través del diálogo civilizado y persuasión
racional.
Argumenta
el columnista Reyes Posada que, Noruega “otorga
el Premio Nobel de Paz, concentra los mejores centros de investigación sobre
paz en el mundo y ha especializado a su diplomacia en acompañar, como
promotores y garantes, procesos de paz en todos los continentes” y que el Gobierno
colombiano “le pide echar por la borda
ese patrimonio moral y traicionar su papel como garante de los protocolos de
retorno de los negociadores, cosa que Noruega no podría hacer sin pagar el
precio de perder su credibilidad frente a otras negociaciones internacionales”.
En
sentido contrario a lo que afirma el columnista, le haría perder a Noruega la
credibilidad y su patrimonio moral frente a otras negociaciones si, después de considerar
un acto terrorista con bomba, que el Gobierno de Colombia lo imputa a los negociadores
a título personal, procediera a hacer efectivo un protocolo de retorno en el
cual no se contempla, ni expresa ni tácitamente, su aplicación frente a actos
de terrorismo con bombas, en lugar de cumplir lo prescrito en el Convenio
Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con
bombas de 1997.
Por
lo tanto, es necesario distinguir entre dos situaciones: 1) la eventual expedición
de ordenes de captura por el acto de terrorismo en Bogotá contra los
negociadores ubicados en Cuba y, 2) la reactivación de las órdenes de captura
suspendidas, para efectos de establecer la mesa de negociación con el ELN en
Cuba. Siendo preciso indicar que, la reactivación de las ordenes de captura en
contra de los negociadores de la organización que aceptó la autoría del
atentado, como un acto de represalia del Gobierno nacional en contra del ELN, lesionaría
la garantía otorgada a los negociadores y sería un acto inaceptable, violatorio
del protocolo de regreso; y, por consiguiente, los países garantes, en tal caso,
deben hacer prevalecer dicho acuerdo.
Otra
cosa es que Colombia les impute a los negociadores la autoría del atentado terrorista
con bomba en Colombia, en éste caso, la petición, dirigida al Gobierno de Cuba,
no estaría relacionada con el protocolo de regreso, dado que éste no puede incluir
ninguna garantía en favor del terrorismo; sino, que implica hacer efectivos los
compromisos, si han sido adquiridos, en el marco de la Convención
Interamericana contra el Terrorismo o del Convenio Internacional para la represión
de los atentados terroristas cometidos con bombas de 1997.
En
relación con Cuba, el columnista también afirma que dicho país “no merece que
Colombia le pida traicionar la confianza de ser garante de la mesa con el Eln,
so pena de aparecer como patrocinador del terrorismo”. Colombia no le está
pidiendo a Cuba que traicione ninguna confianza, legítimamente construida,
porque, Cuba es garante de la mesa con el ELN y no de la eventual impunidad por
actos de terrorismo con bombas.
Si
Colombia acusa a los negociadores de paz de la autoría del atentado en Bogotá,
acto que no está cubierto por el protocolo de regreso, nuestro país debe
garantizar un juicio justo a las personas que se han desempeñado como
negociadores de paz, en donde se les respete el debido proceso, el principio de
presunción de inocencia y podría hacerlo invitando a la comunidad internacional
a que haga la veeduría del mismo, inclusive aceptando la representación de los países
que el ELN le pudiera proponer para tal efecto.
Si
se determina que en el acto terrorista no participaron de manera intelectual
los negociadores, el proceso de paz con el ELN tendría una nueva ruta, porque
se construiría sobre bases firmes de justicia, respeto a la vida e interpretación
jurídica de los protocolos en eventos de rompimiento de negociaciones de paz.
El
papel de los estados garantes del proceso de paz con el ELN no se alteraría si los
negociadores sufrieran eventualmente el efecto de una orden de captura por
terrorismo por bombas; por el contrario, el papel de garantes quedaría
desdibujado si los países garantes dan cumplimiento a un protocolo de regreso,
como si ese protocolo incluyera la posibilidad de realizar actos terroristas y beneficiarse
luego de sus cláusulas de protección. Sin embargo, si solamente se han
reactivado las ordenes de captura anteriores al proceso de negociación, como se
expresó antes, esa orden, viola las garantías ofrecidas a los negociadores y el
protocolo de regreso se debe cumplir.
Por
otra parte, el Gobierno de Colombia deberá valorar, en su momento, el
reconocimiento que hizo el ELN de la autoría del ataque a la Escuela de
Policía, porque, si bien lo hizo exponiendo argumentos políticos y jurídicos
inadmisibles e improcedentes en el marco del derecho internacional humanitario,
su comunicado si impidió que continuara el discurso de quienes siguiendo el
desacreditado aforismo “piensa mal y acertarás” le atribuían el crimen al
Gobierno nacional como “un falso positivo” orientado a romper los diálogos con
el ELN.
Digamos,
finalmente, que el proceso de paz con el ELN podría tener unas nuevas rutas: a)
el cumplimiento del protocolo de regreso si no existe la imputación a los
negociadores a título personal del acto terrorista en Bogotá o, b) el
cumplimiento de la Convención Interamericana contra el Terrorismo o del Convenio
Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con
bombas de 1997, a través de la captura y entrega de los negociadores, si el
Gobierno nacional los acusa formalmente de terrorismo, previos los requisitos y
trámites de rigor ante el Gobierno de Cuba.
